La Procuraduría General de la la Nación hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que se garantice el servicio de Salud de 3.513.551 usuarios afiliados a las EPS Coomeva, Emdisalud, Convida, Comfacundi y Dusakawi.

La Procuraduría alerta que Coomeva cuenta con 2.217.567 usuarios y hace presencia en 217 municipios del país, que en caso de incumplimiento pueden verse afectados. Por eso, solicita a la superintendencia remover al actual revisor fiscal y nombrar un contralor que permita a la EPS superar la crisis.

Además, el ministerio Público solicita que la EPS comience a presentar informes periódicos a los entes de control y la implementación de un plan de seguimiento para controlar la integración vertical. La Procuraduría también solicita supervisar los giros directos que hace la prestadora de salud al régimen contributivo y al subsidiado.

Frente a Emdisalud, que reporta una deuda superior a los 153 mil millones de pesos y que lleva 8 años en proceso de intervención, la Procuraduría asegura que la EPS no ha presentado resultados de mejora por lo que solicita medidas contundentes, “debido a esta situación la Procuraduría solicitó a la Supersalud adoptar medidas definitivas de revocatoria de la habilitación y la intervención forzosa administrativa, para administrar, o para liquidar la EPS”, sostiene el organismo de control.

Así mismo, sostiene que los 453.524 usuarios “se encuentran en riesgo ya que la entidad tiene graves deficiencias en la función de aseguramiento y garantía de la prestación de los servicios de salud, por no contar con los escenarios e instalaciones adecuadas para brindar la debida atención”.

Por último, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud medidas cautelares de vigilancia especial para proteger los derechos de 842.460 usuarios del sistema de salud, pertenecientes a las EPS Dusakawi (211.319), Comfacundi (111.466) y Convida (519.675), que podrían estar en riesgo.

“Dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se habrían encontrado evidencias que permitirían establecer que habría incumplimiento de las condiciones financieras establecidas, límite de gastos, falta red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, alto número de tutelas y embargos y fallas en los programas preventivos”, asegura el Ministerio Público.

Así mismo, la Procuraduría solicitó la remoción de los revisores fiscales de las tres EPS y el nombramiento de contralores que vigilen directa y permanentemente la atención a los usuarios, la administración de recursos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como entidades prestadoras de salud, de acuerdo a la normatividad vigente.

Cabe anotar que el próximo 6 de diciembre, la Corte Constitucional realizará una audiencia pública sobre el sector salud, un espacio de diálogo en el que el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Procuraduría General de la Nación plantearán soluciones efectivas frente a la crisis del sistema.