La Procuraduría General de la Nación desde marzo de 2018 adelanta acciones disciplinarias en contra del director general de la Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique) Olaff Puello Castillo, y la exsubdirectora de Planeación, Ana Oyaga Arias, por presuntas irregularidades contractuales. El ente solicitó la suspensión inmediata de la ejecución de los contratos 120 y 121 de 2007 en los que se han invertido más de $37.000 millones de pesos.

El contrato 121 de 2007 fue suscrito entre Cardique y el Consorcio Ciénaga de la Virgen, conformado por Construcciones Hilsaca Ltda y Servicios de Dragados Construcciones S.A., para ejecutar el mejoramiento hidráulico y saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas a la Ciénaga. En el negocio jurídico por $22.173 millones con vigencia hasta el 17 de octubre de 2021 se han realizado cuatro adiciones y un reajuste de precios, que representan una inversión de $35.451 millones.

El contrato 120 de 2007 también suspendido, fue suscrito el 29 de junio de 2007 entre Cardique y el Consorcio Interventorías de la Ciénaga, el cual también buscaba el saneamiento ambiental con una inversión de $1.449 millones y con cuatro contratos adicionales por $724 millones.

El órgano de control busca prevenir una defraudación al patrimonio público y que se vulnere el ordenamiento jurídico si la ejecución contractual se mantiene y reiteró que se debe hacer la suspensión a los instrumentos financieros que la corporación dejó a disposición del proyecto, entre ellos la administración de los recursos y los pagos derivados de negocios fiduciarios.

Entre otros aspectos, la Procuraduría advirtió que la Corporación Autónoma del Canal del Dique le estaría permitiendo al Consorcio Ciénaga de La Virgen la constitución del encargo en calidad de fideicomiso, con el cual estaría entregando la disposición sobre los recursos públicos que financian el contrato 121 de 2007.

Según el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigación Especiales y de la Contraloría General de la República, el daño patrimonial de los dos contratos asciende a la suma de $4.318 millones.