¿Qué hace falta para que las ciudades latinoamericanas prosperen?

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CiudadAl teclear “Argentina” en una búsqueda web aparecen una multitud de panoramas y vistas espectaculares de los diversos paisajes que ostenta el segundo país más grande de América Latina.

Sin embargo, para la gran mayoría de los argentinos, así como para gran parte de los latinoamericanos, estos vastos escenarios no corresponden con su realidad cotidiana. Para ellos, el asfalto y el ladrillo son más familiares que el llano de las pampas, las playas paradisiacas o las nieves eternas de los Andes. Hoy en día ocho de cada 10 latinoamericanos son seres urbanos.

En Argentina, esta relación es superior: más de 9 de cada 10 argentinos viven en ciudades, una tasa que coloca al país entre los más urbanizados en la región y en el mundo, justamente detrás su vecino rioplatense, Uruguay.

Los beneficios son claros. Las zonas urbanas reúnen los conocimientos, los talentos y las capacidades del capital humano y facilitan la creación de empleos y oportunidades. Sin embargo, según un nuevo reporte del Banco Mundial sobre las ciudades argentinas, sin políticas urbanas adecuadas, el aprovechamiento de estos beneficios para mejorar la prosperidad y calidad de vida de los argentinos es limitado.

Además, “en el contexto mundial, Argentina debe encarar un programa de políticas de desarrollo de “segunda generación”, explica el informe “Impulsando el potencial de las ciudades argentinas”, que se lanzó la semana pasada. Esto significa ir más allá de los programas urbanos tradicionales para aprovechar las ventajas, por ejemplo, de empresas privadas y otros actores para fomentar la innovación, la formación de capital humano y las aptitudes.

Ciudades maduras

En comparación con el resto de Latinoamérica, Argentina es uno de los países con mayor historia de urbanización: desde la década de 1930 el país ya era predominantemente urbano. Y sin importar el momento económico, ya sea de crisis o de bonanzas, sus ciudades nunca han dejado de crecer.

Sin embargo, igual que las normas que gestionan la educación o la industria tienen que evolucionar para mantenerse actualizadas, hace falta también una revisión de las políticas que crearon estos grandes centros urbanos para que sigan generando beneficios para la prosperidad y la calidad de vida de sus habitantes.

“Se necesitan políticas urbanas renovadas para ayudar al país a avanzar en el camino hacia una economía de ingresos más altos”, explica el informe.

Los atascos y el transporte

Si se preguntara a cualquier habitante urbano en cualquier ciudad del mundo, es muy probable que para la gran mayoría, si no todos, la principal queja que tengan sobre las ciudades sea el tránsito. A nivel regional, Latinoamérica tiene una de las tasas de crecimiento de motorización más alta del mundo (4.5% al año en 2012). La focalización del gasto público en la infraestructura vial ha contribuido aún más al uso del vehículo privado.

Es una tendencia que se ve claramente en los datos argentinos: entre 2012 y 2014, la satisfacción de los usuarios con el servicio de autobuses bajó un 11% mientras hubo un boom en el número de motocicletas en las calles y rutas a lo largo del país.

Un sistema eficiente de transporte público ayuda a promover el crecimiento equitativo de una ciudad, sin ello la inadecuada movilidad limita el acceso a las oportunidades de empleo y contribuye a la segregación y la exclusión social.

“La falta de servicios adecuados de transporte público es un desafío que está afectando en forma significante al desarrollo sostenible de las ciudades”, destaca el informe. “Deficiencias del transporte público inciden directamente en la economía urbana y el bienestar de los ciudadanos”.

Más densa, mayor productividad

Por más que la población urbana argentina haya crecido, en las últimas décadas las ciudades se han vuelto menos densas.

Por ejemplo, el Área Metropolitana de Buenos Aires tiene una densidad cada vez menor: en 1991 era de 10.566 personas por kilómetro cuadrado y actualmente es de 7.979. Esta dinámica urbana actual aleja cada vez más a la capital argentina y al resto de ciudades del país de la densidad que optimiza los costos de provisión de servicios públicos que se estima en 9.000 habitantes por km2.

¿Cómo se traduce esto? Mientras el costo de provisión del servicio de agua potable en una zona urbana de alta densidad puede fluctuar entre US$0.7 y US$0.8 por metro cúbico, en zonas de baja densidad este se puede elevar a US$2. Algo similar ocurre con los costos de manejo de residuos sólidos que suelen ser el doble o el triple en ciudades medianas que en una gran ciudad o metrópoli. Este mayor costo del servicio limita la cobertura de servicios que los municipios pueden ofrecer: en 2010, aproximadamente el 30% de la población en la periferia del Gran Buenos Aires carecía de agua, el 60% de cloaca.

La expansión de baja densidad reduce el dinamismo económico de las aglomeraciones y a la vez apunta a una falta de coordinación a nivel institucional, según los expertos.

El informe explica que este patrón de expansión tiene un efecto negativo en la densidad económica de las ciudades. La dispersión impide que las empresas aprovechen los beneficios de asociados con la urbanización.

Para contrarrestar esta tendencia, hacen falta políticas e instrumentos coordinados de planificación territorial para regular el uso del suelo, sostiene el informe. Así se pueden integrar mejor las zonas urbanas, contener la dispersión y promover el crecimiento urbano sostenible para aumentar la densidad económica de las urbes.

El déficit habitacional sube

La Argentina es uno de los pocos países en la región donde el déficit cuantitativo de vivienda ha aumentado recientemente: alrededor del 2% según datos del Banco Mundial. Además, la oferta de alquiler es muy baja comparado con otras grandes urbes de la Latinoamérica. Hoy en día, la oferta de alquileres en la capital argentina es sólo de un 15%, comparado con un 20% en México DF y un 41% de viviendas en Bogotá.

Cómo consecuencia el país ha visto un incremento desafiante en las viviendas informales relacionadas de cerca con la imposibilidad de adquirir una casa o departamento, especialmente para la gente de menores recursos.

“Una política nacional de vivienda podría brindar soluciones enfocadas para los distintos segmentos de la población y así aumentar el acceso a la vivienda”, sugiere el informe.

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