¡Qué miedo caer en manos de la justicia!

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Hablar de «las imperfecciones» de la justicia colombiana, eufemismo de los defensores de la democracia burguesa para no profundizar en la caracterización de un «Estado de derecho» hecho a la imagen y semejanza de quienes ejercen el Poder, es como un “llover sobre mojado». No se trata de ninguna imperfección, sino del diseño sistémico de un detallado plan para que la clase gobernante pueda saquear los recursos pero de forma legal, porque las «normas sastre» les permiten «salir limpios» de la acción de la justicia y con las alforjas llenas. Son saqueadores que, a punta de maquillaje de los grandes medios de comunicación, se nos venden como estadistas. No son «casualidades» los motivos por los que personajes en los que recaen señalamientos e indicios que rayan en lo penal terminan excarcelados por vencimiento de términos, o pagando casa por cárcel en sus mansiones, o en confortables prisiones como las casas fiscales o la Escuela de Caballería, mientras que a un delincuente que se roba una gallina le clavan diez o más años en un recinto de hacinamiento, o incluso a muchos inocentes les «tuercen la justicia» cuando se hace necesario mostrar chivos expiatorios, como en la novela El Proceso de Franz Kafka. Al cumplirse un año de que 11.674.951 colombianos votaran un plebiscito contra la dirigencia corrupta, el gobierno «UriDuque» se hace “el loco” para incumplir su promesa de que los implementaría.

Hay miles de casos de corrupción, pero unos dejan en claro el diseño de esta justicia y son emblemáticos, en los que están vinculados personajes poderosos: Los colombianos vieron asombrados cómo salió «por vencimiento de términos» el exmagistrado Francisco Ricaurte, preso por el escándalo del ‘Cartel de la toga’, acusado por la Fiscalía de ser presunto responsable de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada, por presuntamente cobrar miles de millones de pesos para influenciar sentencias favorables a los corruptos. Carlos Palacino, la cabeza de Saludcoop, quedó en libertad por la misma figura y está acusado por la Fiscalía por presuntos desvíos de los recursos de la salud y de apropiarse «en favor de terceros» de casi $400.000 millones. Así mismo le otorgaron la libertad, por vencimiento de términos, a César Mondragón Vásquez, cofundador y exdirectivo de Estraval, señalada de captar ilegalmente dinero a través de libranzas; la Fiscalía tiene imputaciones contra Estraval por pérdidas de entre $1.5 a $3 billones.

La revista Semana transcribió audios en los que al parecer Juan Manuel Santos instruye sobre una solución “amigable” al escándalo de Odebrecht. Por este hecho no han prosperado las investigaciones a Santos ni a Oscar Iván Zuluaga, cuyas campañas presidenciales al parecer fueron financiadas por esa transnacional. Por otra parte, la ministra de Transporte, Ángela Orozco, intentó saldar con $1.2 billones una aparente deuda de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero un Tribunal dijo que había una diferencia de $1 billón a favor de los bancos, y ahí sigue la «estadista», como sigue el «impoluto» Alberto Carrasquilla dirigiendo la Hacienda Pública, a pesar de que se demostró su participación en la tumbada a los municipios con los bonos de agua. En Colombia es un hecho: ¡La justicia es para los de ruana: qué miedo!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias