Operación Vesta, ese es el nombre del plan ofensivo que llevaron a cabo Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Migración Colombia, Armada Nacional y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, para capturar y desmantelar la red de explotadores que se había instalado en el sector turístico de la ciudad portuaria caribeña.

Al menos 250 niñas y adolescentes colombianas y venezolanas fueron identificadas como víctimas de trata y explotación sexual en Cartagena. El 29 de julio la Fiscalía General de la Nación informó que hay 18 detenidos, entre ellos un militar de la Armada Nacional que luego de abusar de las jóvenes las obligaba a tatuarse su nombre.


Según uno de los comunicados que la Fiscalía General de la Nación publicó sobre el caso, la investigación permitió “identificar las principales estructuras” de funcionamiento de la red, “ubicar a sus presuntos integrantes” y “detectar a sus contactos internacionales”.

Se realizaron 13 allanamientos, seguimiento a cinco centros hoteleros de la ciudad y siete registros de Policía con medidas cautelares, y en tres días detuvieron a 18 “cabecillas de proxenetismo y depredadores sexuales nacionales y extranjeros”.

Sitios con una alta afluencia de turistas en el centro histórico de Cartagena, como la Torre del Reloj y la Plaza de los Coches, eran algunos de los lugares donde los explotadores captaban a las niñas y jóvenes. Una vez reclutadas les definían rutinas y horarios, y las obligaban a ejercer la prostitución. “Verdaderas esclavas del siglo XXI”, se lee en el comunicado.

Muchas de las víctimas son migrantes venezolanas en situación “de vulnerabilidad”, asegura la Fiscalía General de la Nación. Las niñas y adolescentes están siendo atendidas por las autoridades colombianas para el restablecimiento de sus derechos vulnerados.

Explotación sexual

El caso tomó notoriedad pública no sólo por la cantidad de víctimas niñas y adolescentes y la magnitud de la red, ni por el hecho de que las vejaciones se realizaban en lugares emblemáticos de la ciudad, sino también porque hubo funcionarios públicos involucrados, como los señores Javier Tovar y Naymiro Cabarca, integrantes de la Policía Nacional, que eran sobornados “para abstenerse de cumplir con su deber y no capturar a los turistas que pagaban por servicios sexuales”, que serán imputados por el delito de concusión.

En esa lista también está el capitán de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Raúl Danilo Romero Pabón, contra quien “hay abundante material probatorio que lo señala de ubicar por redes sociales niñas menores de 14 años, abusar de ellas, comprar su silencio y ordenarles que se tatuaran su nombre en partes del cuerpo”, aseguró la Fiscalía General de la Nación.


El oficial fue separado de su cargo en la Armada y el sábado 28 de julio aceptó los cargos que se le imputaron en su contra. Junto a él cayeron Hilary Patricia Madero, quien supuestamente contribuía a ubicar a las niñas de las que abusaba Romero Pabón, y John Padilla, el tatuador y también perpetrador sexual.

Trata

La red de explotadores no sólo funcionaba en Cartagena, las niñas y adolescentes también eran captadas para someterlas como esclavas sexuales en otros países del Caribe.

Liliana del Carmen Campos Puello, alias “Madame”, fue una de las principales detenidas por ese delito. “Sería la mayor proxeneta de la ciudad y la encargada de manejar un corredor sexual en la zona de las playas, contaría con una capacidad logística y contactos a nivel internacional para realizar eventos que demandan servicios sexuales de varias mujeres”, publicó la Fiscalía General de la Nación.


La explotadora contactaba a niñas y adolescentes en Cartagena, les hacía ofrecimientos laborales en el extranjero, las ayudaba con los trámites para obtener el pasaporte y otros requisitos y, al momento de viajar, les daba un dinero para la manutención de los primeros días.

Una vez que las víctimas llegaban al país, se encontraban con “una realidad muy distinta”: las despojaban de sus documentos, las encerraban y las explotaban sexualmente.

También se detectó un tránsito de mujeres colombianas hacia Bahamas con destino a varias ciudades estadounidenses, que viajaban para participar en “fiestas sexuales”, que habían sido seleccionadas a través de catálogos presuntamente distribuidos internacionalmente por Campos Puello.

Campos Puello está imputadas por penas que pueden llegar hasta los 23 años de prisión. La Fiscalía General de la Nacióntambién publicó que la señora tiene antecedentes por tráfico de heroína y permanencia e ingreso irregular a Estados Unidos.

Fiestas sexuales

El caso también dejó en evidencia “encuentros sexuales masivos con niñas y adolescentes organizados por turistas extranjeros”, se lee en la página de la Fiscalía General de la Nación; Cartagena es destino turístico para el consumo de drogas y explotación sexual.

Las autoridades allanaron un lugar conocido como “Casa Benjamín” y dos inmuebles en el sector “El Laguito”, donde se realizaban los delitos, principalmente eran perpetrados por extranjeros, la mayoría de nacionalidad israelí.

También perdieron el derecho de dominio los hostales Artún de San Agustín y Tropical, ubicados en la ciudad antigua, y Casa Ilan, en Bocagrande.

Los bienes son avaluados en algo más de 10.000 millones de pesos colombianos (unos 3,5 millones de dólares), y quedaron a disposición de la Sociedad de Activos del Estado.


Otros detenidos

  • Liad y Samu: israelíes, presuntos “líderes del concierto para delinquir y los delitos contra la libertad y el honor sexual”.
  • Margedis, Marcos y Yenifer: encargados de captar a las víctimas que serían explotadas sexualmente con fines comerciales en lugares turísticos. “Serán imputados por proxenetismo (14 a 25 años de prisión)”, aunque la Fiscalía General de la Nación aclara que “la pena puede llegar a 37,5 años por tratarse de familiares”.
  • Iván: ciudadano venezolano facilitador de la explotación.
  • Ana Torres y César Bernal: administradores de algunos hoteles de la ciudad vieja que “con conocimiento y aquiescencia habrían permitido actos sexuales” contra las jóvenes en los establecimientos a su cargo. “Serán imputados por el delito de estímulo a la prostitución de menores (10 a 14 años de prisión)”.

Con orden de detención

  • José Caballero: perpetrador, que una vez capturado será imputado por “demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años”, que puede significar una pena de hasta 25 años de cárcel.
  • Assi Mosh: cabecilla de la organización, quien fue expulsado de Colombia en 2017.

También se está intentando capturar a dos ciudadanos estadounidenses, uno alemán y otro argentino. Todos tienen pedidos de extradición por ser perpetradores que realizaban sus vejámenes en la Torre del Reloj. La Fiscalía General de la Nación señala que la pena puede llegar a ser de hasta 37 años y medio por ser turistas.