Fiscalía General de la Nación.

Días después de conocerse que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena revocó la decisión en primera instancia de dejar en libertad a 5 personas implicadas en la presunta celebración irregular de contratos entre la Fundación Prociencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, se entregaron ante las autoridades los familiares del concejal de Cartagena, Américo Mendoza Quessep.

Se trata de Flor Elena Pérez Gutiérrez, esposa del cabildante, quien funge como tesorera de la Fundación Prociencia; Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez, hijos, que fueron proveedores en el polémico contrato y quiénes tendrán que responder por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado, en el proceso que se les sigue en su contra.

Lo que se conoce hasta el momento es que serán presentados en audiencia de legalización de captura en el complejo judicial para determinar si son enviados a un centro carcelario o se les aplica la detención domiciliaria.

Los hechos por los cuales hoy están en apuros con la justicia se remontan a diciembre de 2014, cuando se suscribe el contrato No. 1333, por valor de $7.818’524.064, suscrito entre el Icbf y la Fundación Prociencia y que buscaba atender a 3.744 beneficiarios; entre niños y niñas de cero a cinco años, lactantes y madres gestantes, en una decena de municipios en el departamento de Bolívar.

Por este hecho; además de la esposa e hijos del concejal Mendoza Quessep, también fueron imputados Olga Lucía Pérez Gutiérrez, representante legal de la Fundación Prociencia y cuñada del cabildante, y Patricia del Carmen Arnedo Pombo, representante legal de la Fundación en el año 2015.

En las próximas horas se efectuará la audiencia de legalización de captura y se definirá el destino de la familia Mendoza Pérez.


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