En Colombia el ejercicio de la política se encuentra contaminado con tretas y argucias que de manera reiterada, y como hábito corrupto, se emplean tanto para engañar y burlar autoridades y normas como para mofarse del que llaman dizque Constituyente Primario, o sea, el pueblo.

No ha quedado ámbito de la política y del gobierno nacional que no se encuentre atrapado en la marrullería, la desfachatez y el irrespeto. Es una perversa conducta que si bien ha afectado la imagen de las Corporaciones Públicas de elección popular de igual manera ha deshonrado el desempeño de quienes con ropón y birrete imparten justicia así como de los que ejercen el ejecutivo, y de los que están al frente de los organismos de control.

Que los aportantes de campañas políticas acuerden contraprestación ni es nuevo ni dejará de existir. Hoy muchos se inquietan y alarman por descubrir secretos que todos a voces conocen. Todos, incluidas las autoridades. Todos lo hacen y todos lo han hecho. Ningún tope de campaña se respeta. Distante es, sobre manera, el límite permitido y lo que en verdad de manera irregular se gasta en el afán de lograr la victoria a cualquier precio. Nuestro “Corralito” es fiel reflejo de esta oprobiosa conducta por la que han optado la mayoría de nuestros mandatarios, por no decir, todos.

Porque justificados quizás en lo que dice el refrán que “todo el que pone una hoja de bijao aspira a que le den un pastel” nadie, sea persona natural o jurídica, contribuye desprendidamente y las retribuciones dependerán del tamaño de la bolsa. Van desde los contratos y los nombramientos hasta las indecentes OPS.

La parcelación de la administración ha llegado al grado sumo de oírse decir con frecuencia que tal dependencia es de “fulano de tal” y que cualquier trámite encaminado al beneficio social deberá ser indefectiblemente aprobado por dicho “fulano o dicha fulana”.

Nuestros mandatarios locales no sólo han incurrido en retribuciones a sus aportantes de campaña. Han trascendido hasta el nombramiento simultáneo de parejas conyugales y de consortes de inhabilitados.

Nadie desconoce que los reportes de gastos de campañas políticas son ridículas sumas que distan mucho de la verdad; y que las mismas se nutren especialmente de dineros mal habidos o de recursos del mismo erario.

Si con razón se defienden como pulcros los aportes a Campañas Políticas, es porque de manera indiscutible las leyes en Colombia parecieran haberse hecho para amparar las trampas; desconociendo que aunque por ser lícitos no dejan de ser inmorales.

Sabiamente escribió el Apóstol Pablo: “Todo me es lícito, mas no todo conviene…”

Finalmente, no sobra preguntarse, ¿Será que también al ciudadano le corresponderá aportar si quiere que prospere algún trámite ante cualquier dependencia de gobierno?

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