Ser periodista en Colombia es un peligro

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William Hundelshauseen Carretero Presidente Nacional APIC
William Hundelshauseen Carretero
Presidente Nacional APIC

Por todas partes de nuestros sitios públicos, pero muy especialmente en las Alcaldías Municipales, se ostentan, letreros con frases del padre Bolívar que hacen referencia al buen propósito del gobernante. Hay, sin embargo, una que al parecer es la que más le acomoda a los mandatarios municipales, no importa que al final de cuenta la eficacia de la frase les cause erisipela en el amor propio. Rezan estos letreros que el mejor amigo del gobernante es quien le dice la verdad; que beneficia más al gobierno, y por ende al interés colectivo, quien habla con franqueza de las fallas detectadas por el consenso popular y quien cuenta a su alcalde los rumores que corren calle arriba y calle abajo por el vehículo de Dios, la voz del pueblo.

La sabiduría popular sostiene que ninguna culpa tiene la estaca, pero sí el sapo cuando brinca sin precauciones y se ensarta en el adminículo. De donde fácilmente se colige que si serán culpables quienes por no echarse encima alguna enemistad o por urticar a sus amigos políticos y vecinos personales, prefiere irse callando por cerros de Úbeda y pierden la oportunidad de hacer Historia. Municipal, sí qué carajo, pero al final de cuentas esa historia del pedazo geográfico que nos circunda.

Lo anterior me viene a cuento porque EMISORA FUENTES, conducida acertadamente por Luis Herrán Padrón; LA APIC presidida por William Hundelshauseen Carretero y el periódico Regional Independiente LA VERDAD, fungiendo como editora en esta capital la periodista Virinia Cárdenas Mendoza debe ser eso por antonomasia. El estar ahí con la verticalidad manifiesta de las gentes caribes y del hacernos notar porque dicen las cosas tal y como se las cuentan y como pueden verlas en la meridiana claridad de estos pueblos nuestros ahítos de vagabunderías y hoy en plena ebullición de reconquista moral, gracias a las IAS (Contraloría, Procuraduría, Auditoría, Fiscalía etc.). Claro que con excepciones que terminaran por confirmar la regla.

Los acontecimientos por amenazas de muerte que afectan a periodistas independientes, no son otra cosa que el producto de las situaciones represadas y que hacen explosión ahora sacudiendo las bases fundamentales del sistema democrático, por cuanto la situación ha llegado al tope y los soportes posibles, no aguantan más ante las llamadas amenazantes qué le han hecho personas desconocidas, porque estos en las notas escritas y en los programas de opinión y noticias cuestionan y reclaman de los entes de control que intervengan pronto en una serie de irregularidades que se ha detectado en administraciones anteriores en algunas oficinas distritales y departamentales.

Negros nubarrones de inseguridad social y de orden público cubren el panorama de Cartagena y el departamento de Bolívar ante la ola violenta y abuso del poder de algunos funcionarios públicos que ya va más allá de lo normal para pasar a lo imposible, situación preocupante que no solamente requiere la acción drástica de las autoridades, sino de la más absoluta colaboración de todos los veedores honestos con vocación de mártires.

Este atentado a la Libertad de Expresión, en todas sus manifestaciones, se moviliza tranquilamente por todo el territorio patrio, con, funcionarios públicos y privados que pagan para que se diga lo que ellos quieran y no lo que verdaderamente están haciendo, cobrando víctimas como nuestros periodistas independientes, que se han dado a la tarea de investigar y destapar el fenómeno de corrupción administrativa en oficinas estatales cuyas demandas está en manos de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría y han puesto de manifiesto el estado terminal a la que han llegado algunas dependencias Departamentales y Distritales, con la degradación ética y moral de la clase gobernante comprometida con el alto grado de corrupción administrativa que hoy tiene a algunos funcionarios tras las rejas y otros investigados que se han dado el lujo de amenazar a quienes lo tocan o dicen algo de su espectacular aprendizaje de la “Corruptologia: estúdiela y hágase rico”, una facultad para otorgar el título de “corrupto profesional”, aamparados por sus doctrinarios, que trazan todas las estrategias concernientes a elaborar los planes que les permitan cumplir sus objetivos y el de sus “jefes”, incluido el pago de honorarios a abogados que los defenderán en le cortó tiempo que permanezcan en la cárcel, si es que son juzgados y condenados, para luego saciarse en el acto final: el disfrute pleno del dinero robado del pobre don pueblo, y a partir de ese instante son los mártires y los ve pasar orondamente por las calle con una cantidad de líderes, que por supuesto, recibieron su mordida cuando este ocupaba el cargo donde realizo el acto corrupto, aspirando a ocupar cualquier posición en los cuerpos colegiados, patrocinando su futura campaña política con el dinero que se hurto, y que nunca se le pudo comprobar que lo hizo porque así lo determinan la gran mayoría de los que administran Justicia en nuestro país.

Este “modelito” ha sido insertado en las instituciones estatales y atornillado por rosca que están trabajando arduamente para seguir usufructuando de un Estado permisivo que no logra, en su paquidérmico funcionamiento, desterrar el flagelo de la corrupción, por eso hay gobernados que no creen en la justicia golpeada por una montaña de llamadas reformas inadecuadas e improvisadas que confunden y entraban su aplicación, sumando a ello la inexperiencia de muchos de los funcionarios y las funestas acciones de un matriarcado que deja resultados en los procedimientos penales amen de contar con magistrados y jueces que no cumplen con el deber constitucional, sobre todo en una Cartagena sacudida en muchas oportunidades por bochornosos escándalos de corrupción unas veces denunciados por periodistas y otras por veedores de la ciudad en los que se han visto involucrados funcionarios, que si se les atiende a tiempo se hubiese evitado un detrimento a las arcas distritales y departamentales y más de un proceso judicial.


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