Lo que sucede en Colombia es tenaz. No se sabe qué es peor, si la triste realidad de las escabrosas cifras de líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en este año o lo que se podría venir cuando, atónitos, los colombianos vieron por la televisión al fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira con un tono agresivo, burlesco, por momentos con cierto cinismo y con un contenido intolerante, que hizo sentir amenazados a los sectores sociales, a las bancadas que lo llevaron a rendir cuenta por su conducta y a los periodistas que acudieron ante Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, quien se reunió con Cecilia Orozco y María Jimena Duzán, porque adelantan desde el noticiero de televisión Noticias Uno y la Revista Semana, investigaciones sobre el caso Odebrecht y han sido críticas de la participación que tiene en este episodio el fiscal general.

“A esta hora monitoreamos derecho a la libertad de expresión y protección a periodistas en Colombia“, manifestó Naciones Unidas el 2 de este mes en su cuenta de Twitter, acompañada de una foto en la que aparece el funcionario diplomático con las dos periodistas. Cuando los derechos a la vida y a la libertad de expresión, pilares de la democracia burguesa, se encuentran en una honda crisis, significa que se puede esperar un desenlace aún más tenebroso.

Se discute mucho sobre el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia y los orígenes de las cifras, que son descalificadas dependiendo del rasero político “independiente” del analista. Es posible que por ese motivo pasó casi desapercibida la información entregada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una ONG creada en 1984 con el fin de establecer relaciones de colaboración por la paz del país. Esta organización denunció que “entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año van 226 líderes sociales asesinados en el país”.

Añadió que “agosto fue el mes con más homicidios, hasta ahora: 32. Con relación a los dos últimos años, las cifras de homicidio han ido creciendo. En el mismo lapso de tiempo, en el 2016 fueron asesinados 97 líderes y defensores de derechos humanos, mientras que en el 2017 el número de muertos entre enero y mitad de noviembre fue de 159. De los 226 asesinatos, el 12,38 % fueron contra mujeres (28), mientras que las víctimas masculinas fueron 198. Quienes más han muerto, hasta ahora, son líderes campesinos, ambientalistas y comunales (105). Les siguen líderes indígenas (44) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (40). En cuanto a lugares, los homicidios se han registrado en 112 municipios de 27 departamentos del país y el 80,53 % de los asesinatos fueron en 9 departamentos. Ellos son: Cauca (48), Antioquia (33), Valle del Cauca (19), Norte de Santander (18), Putumayo (18), Nariño (13), Córdoba (11), Meta (11) y Caquetá (11)”.

Este informe no ha sido rebatido oficialmente por el gobierno del presidente Iván Duque, pero independientemente del número de las víctimas, no es posible que el gobierno y la sociedad colombiana sigan tolerando a sectores empecinados en imponernos, por la violencia, su forma particular de ver la vida. Tenebroso, Tenaz… ¡Qué miedo!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias