Si no fuera por lo trágico y dramático que es para un vendedor ambulante o estacionario, ubicado en el espacio público, que le decomisen unas empanadas o se las fumiguen con cloro –tal como si fueran cucarachas o rociando un cultivo de coca–, las noticias que ha producido la aplicación del “Nuevo Código de Convivencia Ciudadana” o de Policía Nacional, distinguido con la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, y cuyas multas comenzaron a hacerse efectivas a partir del 1 de agosto del año pasado, podrían causar hilaridad. En un país en donde los asesinatos son “el pan nuestro de cada día”, con una criminalidad desbordada, con todo tipo de robos y atracos callejeros, que hayan puesto a la policía a perseguir a unos empobrecidos vendedores ambulantes –y a quienes les compran– que han encontrado esa forma de trabajar, debido a que el 50% de la Población Económicamente Activa se está rebuscando, por el aumento del desempleo y la informalidad reconocida por las propias cifras oficiales, es bastante chistoso, pero causa ira e intenso dolor.

Como es lógico, al momento en que se expiden las normas por parte del Congreso de la República solo se genera la expectativa, pero posteriormente cuando la nueva ley comienza a implementarse se van sintiendo las consecuencias –buenas, regulares o malas–, por lo cual los sectores afectados van reaccionando. Así sucedió con las nefastas leyes que contienen las reformas: laboral, de seguridad social, pensiones, cesantías, servicios públicos, sector financiero, educación, etc., cuyos efectos estamos asumiendo en estos momentos. Así también pasa exactamente con el “Nuevo Código de Convivencia Ciudadana”, por lo cual no es extraño ver: sanciones por vender o comprar empanadas; a un señor que se le cayó el pantalón en un aeropuerto en donde lo obligaron a quitarse la correa; a una estudiante de arte visual la multan por llevar un bisturí untado de pintura para su clase; otros por repartir cobijas a personas necesitadas; o por arrojar un pitillo al suelo. Se calcula en cerca de 2 millones de sanciones en lo que va de su vigencia, de las cuales cerca del 40 % –unos 800 mil comparendos– han sido multas económicas, que es una suma de dinero nada despreciable de varios miles de millones de pesos.

Se está reprimiendo con esa coerción: los límites a la libertad y a las garantías democráticas, unas conductas, unos valores éticos y unos principios de la población que se deben implementar es a través de la educación, la única que puede guiar hacia el objetivo de lograr, además de ese cambio cultural, su redención económica. Lo indiqué el 27 de junio de 2016, el nuevo Código implicaría el recorte de la libertad, el límite de las actividades ciudadanas y la criminalización de la protesta social; todas estas características acercan a un gobierno hacia la dictadura, que puede ser civil o militar. Este nuevo Código está hecho a la medida del modelo económico, que garantiza los intereses de los grandes almacenes y multinacionales por encima de los vendedores informales y de los potentados por encima de los pobres, de tal forma que criminaliza las conductas que son normales en cualquier país subdesarrollado como Colombia, haciendo énfasis en la protesta social, para asegurar que el modelo económico les funcione. ¡No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias