La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (en francés: Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa (1789-1799) en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales. Influenciada por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del Hombre se entienden como universales.

Aún cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de las mujeres o la esclavitud, aunque esta última seria abolida por la Convención Nacional el 4 de febrero de 1794. Sin embargo es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. No fue hasta que Olympe de Gouges, en 1791, proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que las mujeres entraron en la historia de los derechos humanos.

La Declaración fue el prefacio a la Constitución de 1791. La primera traducción americana completa de sus 17 artículos al español es obra de Antonio Nariño, publicada en Bogotá en 1793.

Una segunda versión ampliada, conocida como Declaración de los Derechos del Hombre de 1793 fue aprobada posteriormente e incorporada a la Constitución francesa de 1793, ambas de muy breve aplicación. Seguida de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1795 en la Constitución de 1795 que establece el Directorio.

En el derecho constitucional francés, la Declaración de 1789 es parte de la Constitución francesa de 1946, que agrega los derechos sociales en su preámbulo, y de la Constitución francesa de 1958 que conserva el preámbulo de la Constitución de 1946.

Fuente: Wikipedia

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre
son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos,
han decidido exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales,
inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaración,
constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, le recuerde
permanentemente sus derechos y sus deberes; con el fin de que los actos del poder
legislativo y los del poder ejecutivo, al poder ser comparados a cada instante con
la meta de toda institución política, sean más respetados; con el fin de que las
reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e
incontestables se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución y a la felicidad
de todos

En consecuencia, la Asamblea Nacional, reconoce y declara, en presencia y bajo
los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano.

  • Artículo 1º.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las
    distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.
  • Artículo 2º.- La meta de toda asociación política es la conservación de los
    derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la libertad,
    la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
  • Artículo 3º.- El origen de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.
    Ningún órgano, ni ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane
    expresamente de ella.
  • Artículo 4º.- La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás.
    Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que
    los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos
    derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.
  • Artículo 5º.- La ley no puede prohibir más que las acciones dañosas para la
    sociedad, todo lo que no es prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie
    puede ser obligado a hacer lo que ésta no ordena.
  • Artículo 6º.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos
    tienen el derecho de participar personalmente o por medio de sus representantes
    en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga.
    Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas
    las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción
    que la de sus virtudes y la de sus talentos.
  • Artículo 7º.- Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino
    en los casos determinados por la ley según las formas prescritas en ella. Los que
    solicitan, facilitan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser
    castigados; pero todo ciudadano llamado o requerido en virtud de lo establecido en
    la ley debe obedecer inmediatamente: se hace culpable por la resistencia.
  • Artículo 8º.- La ley no debe de establecer más que penas estrictas y
    evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley
    establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada.
  • Artículo 9º.- Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada
    culpable, si se juzga indispensable su detención, la ley debe de reprimir
    severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona.
  • Artículo 10º.- Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en
    tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.
  • Artículo 11º.- La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es
    uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto,
    hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta
    libertad produzca en los casos determinados por la ley.
  • Artículo 12º.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita
    una fuerza pública. Esta fuerza se instituye, por tanto, para beneficio de todos y no
    para la utilidad particular de aquellos que la tienen a su cargo.
  • Artículo 13º.- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de
    administración es indispensable una contribución común: debe ser igualmente
    repartida entre todos los ciudadanos en razón a sus posibilidades.
  • Artículo 14º.- Todos los ciudadanos tienen el derecho de verificar por sí mismos
    o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptarla
    libremente, de vigilar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recaudación
    y la duración.
  • Artículo 15º.- La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público
    sobre su administración.
  • Artículo 16º.- Toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está
    asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución.
  • Artículo 17º.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede
    ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo
    exige claramente y con la condición de una indemnización justa y previa.