El objetivo del gobierno Duque es profundizar el modelo neoliberal y su táctica es hacerlo con la más alta capacidad de engaño, de tal manera que las determinaciones que tienen graves repercusiones económicas contra la población se lleven a cabo sin afectar la popularidad del Jefe de Estado. Por eso, como fusibles, ha colocado a sus ministros a utilizar los detonantes, o sea, el “juego sucio” y si hay reacción, “UriDuque” desconecta el fusible desautorizándolos. Sus acciones no han sorprendido a nadie puesto que se espera que actúe de forma reaccionaria, es decir, buscando instaurar un estado de cosas en contravía del avance de la humanidad y de la sociedad. De su naturaleza dependen las propuestas de los alfiles de este gobierno. Se engañan o pretenden engañar quienes creen que una cosa piensa los ministros y otra el presidente, cuando lo único que éste pide a sus funcionarios es cohesión con su objetivo y lógicamente, fidelidad a prueba de fuego con su gobierno.

De allí las arremetidas reaccionarias contra la protesta social del ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto, quien desde su designación afirmó que se va a reglamentar: “En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”, señaló. Lo que para muchos era un desliz del “comerciante” Botero, o una equivocación semántica que trató de “componer” el jefe UriDuque con declaraciones destempladas, fue corroborado por el mismo Botero, al generalizar que “los grupos armados son quienes financian la protesta social”. Este gobierno, además de continuar criminalizando la protesta social, ya de por sí limitada en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional y en la ley 1801 del 29 de julio de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia –con los que se han amparado todo tipo de atropellos y persecución contra la población–, les colgó una lápida en el cuello a los dirigentes políticos, sociales, sindicales, comunales y defensores de los derechos humanos y después dice que no hay exterminio sistémico.

Lo reaccionario del gobierno se confirma cuando, a pesar de su discurso aparente contra la corrupción, protege las “jugarretas financieras” del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien como ministro de Uribe impulsó una reforma constitucional al Sistema General de Participación y luego como exfuncionario les estructuró un negocio a 117 municipios, de los cuales 80 no cumplieron con las obras, dejando unas pérdidas cercanas a 400 mil millones de pesos, porque en la estructuración hubo cláusulas leoninas como las altísimas tasas de interés, condicionadas a un largo plazo sin posibilidades de pre-pagar la deuda, dejando grandes ganancias para el fondo de estructuración y obteniendo Carrasquilla utilidades de 8 mil millones de pesos, según su mentor Álvaro Uribe. La lucha contra la corrupción pasa por varios aspectos, pero el principal es la ética de la persona, que va por encima de lo legal, pues como se demostró en este debate, puede haber leyes sastres, o sea a la medida, que respalden a Carrasquilla, pero como dijo el senador Jorge Robledo, denunciante de este hecho: “Han introducido la trampa en la ley”. ¡Es reaccionario de UriDuque mantener al negociante Carrasquilla como funcionario estatal!

Por: José Arlex Arias Arias
Comunicador Social – Periodista
José Arlex Arias Arias