El Gobierno entregó una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, por permitir la celebración en su territorio de la sesión del llamado Tribunal Supremo en el exilio en la que se dio pie al inicio del proceso contra el presidente Nicolás Maduro por corrupción.

En un comunicado, la Cancillería venezolana informó este jueves que la nota de protesta fue entregada por el viceministro para América Latina del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, Alexander Yánez, a Castañeda, “por los hechos acaecidos en la sede del Congreso del país vecino, el pasado 03 de abril”.

Ese día, la ex fiscal Luisa Ortega Díaz entregó a los magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y no reconocidos por el Estado, pruebas para que esta corte abriera un juicio a Maduro por su presunta participación en los sobornos de la constructora Odebrecht.

Ante ello, el llamado Supremo en el exilio determinó que “hay mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro (…) existiendo causa probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales”

El Ejecutivo señaló este jueves en la misiva que los magistrados del Supremo en el exilio son un grupo “de abogados usurpadores de funciones”, y que realizan una “simulación de actos públicos que son de la exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela”.

La nota de protesta se conoce luego de que el actual fiscal Tarek William Saab, hiciera esta petición a la Cancillería de su país.

El Gobierno de Maduro ha calificado las acciones de los magistrados “en el exilio” como “una farsa de mal gusto y una violación flagrante de las reglas constitucionales que establecen los poderes públicos de cada Estado, los cuales están sometidos a su propio ordenamiento constitucional”.

Asimismo, señala que “el comportamiento de los altos funcionarios colombianos implicados, violan principios fundamentales del Derecho Internacional (…) cometen una grave falta de respeto a la propia dignidad nacional colombiana, constitutiva de una infracción tipificada en el Código Penal colombiano”.

La Administración exigió al Estado colombiano que “proceda a establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, con el propósito de velar por el cumplimiento” de su legalidad y de las normas internacionales, “así como responsabilizar administrativa y penalmente a los implicados”.


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