Venezuela expulsó a más de 20 mil colombianos

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La zona de invasión y mi pequeña Barinas, fueron los lugares de municipios como Ureña y San Antonio en el Estado Táchira donde se ubicaron miles de colombianos durante muchos años, pese hacer zonas de invasión, allí vivieron resguardados con sus familias hasta la trascendental decisión del gobierno venezolano de expulsarlos de manera sorpresiva.

El drama para más de 20 mil personas empezó cuando la guardia venezolana marcó las viviendas con una “D” que significada Demoler y con una “R” de Revisada. Así se empezaron a desmoronar los sueños, ilusiones de los nacionales de permanecer en el vecino país, porque de la noche a la mañana se vieron en la calle, cruzando el río Táchira que divide a las dos naciones y buscando refugio nuevamente en Colombia.

Este fue el comienzo de por lo menos quince días en que los colombianos con enseres al hombro, hombres, mujeres y niños intentaban recuperar sus pertenencias en medio de amenazas, agresiones, detenciones y donde arreciaron los atropellos de las autoridades del vecino país contra los nacionales luego de declararse el Estado de Excepción en los municipios vecinos a Cúcuta y que luego se prorrogó por toda la zona limítrofe alcanzando departamentos como Guajira, y Arauca.

Fue un río de personas que con llanto, gritos, desespero e incertidumbre empezaron a intentar buscar refugio del lado colombiano luego de lo vivido y donde las autoridades locales no imaginaron la dimensión de lo que se avecinaba.

Mañana, tarde e incluso noche los deportados eran traídos en buses desde diferentes puntos del lado venezolano y fue como en medio de esa avalancha las autoridades lograron habilitar los primeros albergues que durante varios meses fueron “la casa temporal” para un grueso número de familias que pasaron por esas penurias.

En medio de la avalancha el gobierno nacional habilito un puesto de mando unificado que permitió censar, registrar y brindar atención en todos los frentes a más de 20 mil colombianos que llegaron en esas condiciones.

En medio de ese panorama la preocupación siempre estuvo concentrada en la división de los núcleos familiares, la incertidumbre de madres, padres e hijos por sus hijos que se quedaron del otro lado u por el futuro incierto que les esperaba.

Y fue la procuraduría delegada para la familia representada en Ilva Miriam Hoyos quien atendió esa crisis social y familiar que empezó a evidenciarse.

Durante tres meses, los deportados recibieron asistencia humanitaria, otros salieron en busca de sus familiares por el territorio nacional con el acompañamiento del gobierno y algunos empezaron de cero buscando oportunidades laborales para atender a sus seres queridos.

En más de 30 albergues en Cúcuta y el área metropolitana de Villa del Rosario, Los Patios y hasta en hoteles se mantuvo la contingencia para los nacionales que algunas veces salieron a deambular por calles intentando trazar un nuevo destino.

La situación fue de tal magnitud social que intervino la OEA con su delegado Luis Almagro y organizaciones defensoras de derechos humanos se volcaron a la frontera colombo venezolana para pedir a Venezuela detener la expulsión masiva de los nacionales. A él se sumaron embajadores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como también la Onu para la atención de refugiados. Durante este proceso se recibieron más de dos mil denuncias por atropellos del gobierno de Maduro contra los colombianos en esas condiciones.

La mayoría se reencontraron con sus familias, algunos se quedaron en Cúcuta y hoy engrosan las filas de desempleados, informales o metidos en el rebusque, un reducido grupo aprovecho esta coyuntura y se ha visto involucrado en hechos de inseguridad, más de 112 personas han sido capturadas comprometidas en hechos delictivos en lo que va corrido del año.

Después de ese procesó que tardó varios meses, se habilitó el corredor humanitario para brindar asistencia médica a los colombianos y venezolanos en frontera. Es así como durante el cierre más de 3 mil personas han sido asistidas con medicamentos y atenciones en diálisis especialmente en el Estado Táchira.

Diariamente un grupo de venezolanos atraviesa la frontera buscando ayuda dada las precarias condiciones de atención médica que se tienen en el vecino país, siendo atendidos en el puesto móvil que está ubicado sobre el puente internacional Simón Bolívar.

Después de un año de desolación e incertidumbre en los pasos fronterizos, y al agudizarse la problemática social de los venezolanos por la coyuntura política y económica de manera sorpresiva un grupo de 500 mujeres provenientes de Ureña y en medio de una resistencia por parte de la guardia venezolana llegaron a Cúcuta a aprovisionarse de alimentos. Este fue el inicio de dos jornadas que luego traerían a miles de venezolanos, inicialmente 35 mil y luego más de 100 mil de diversos estados que llegaron buscando comida y medicinas a Cúcuta y a municipios como Puerto Santander y Herrán en menor proporción.

En medio de ese panorama se han venido gestando acercamientos entre los dos gobiernos a través de las autoridades de los dos países, las cancilleres para volver a pensar en la reapertura de frontera, en condiciones diferentes al desorden que reinaba las 24 horas del día.

Hoy se trabaja de una cédula fronteriza, control al parque automotor venezolano, y de dar los primeros pasos hacía una apertura peatonal para evaluar el comportamiento de colombianos y venezolanos para luego pensar en una nueva estrategia que permita pensar en devolver la dinámica a la línea divisoria pero bajo los parámetros de seguridad, orden y legalidad.


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