¡Qué desgracia la de los colombianos! Desde hace años, los gobernantes neoliberales volvieron costumbre que la palabra presidencial no valga nada, incluso cuando se trata del reconocimiento de derechos fundamentales y esenciales de la población. Ahora es normal para el gobierno Santos que le hagan paros para que se comprometa a resolver las necesidades básicas insatisfechas de la población y posteriormente otros paros para que cumpla la palabra empeñada.

Hay dos casos que merecen vigilar y nos ilustran la situación planteada: El presidente Santos, en el marco de la Comisión Laboral, firmó con las Confederaciones Sindicales y Pensionales, en representación de los trabajadores y pensionados, que les regresaría el recargo nocturno desde las 6 de la tarde, como estaba antes de que Álvaro Uribe lo limitara a las 10 de la noche; así mismo, rebajaría el aporte de los pensionados a la salud del 12% al 4%, como pagan los trabajadores. El Congreso de la República tramitó sendas Leyes: de recargo nocturno a partir de las 9 de la noche, en la cual no se cumplió la palabra presidencial, y la ley que rebaja el aporte a la salud de los pensionados; sin embargo, ahora el propio gobierno del presidente Santos sale a desconocer nuevamente su palabra, aduciendo una supuesta falta de presupuesto, lo cual no argumenta cuando otorga rebajas de los impuestos a las transnacionales y grandes potentados. Trabajadores y pensionados ahora tendrán que luchar y vigilar para que el señor Santos cumpla su devaluada palabra presidencial.

El otro ejemplo es el Acuerdo del 16 de este mes entre el Ministerio de Educación y Fecode, que es vinculante a la luz del Decreto 160 de 2014. Este es producto de la lucha de la comunidad educativa encabezada por la portentosa participación de los maestros, quienes transformaron su pliego de peticiones en una negociación política por la defensa de la educación pública y que significarán varios billones de pesos. En este sentido, el acuerdo contempla: “El Ministerio de Educación Nacional y Fecode reconocen la necesidad de una reforma estructural del Sistema General de Participaciones (SGP) que permita garantizar de manera progresiva los recursos necesarios para seguir cerrando las brechas relativas a: 1) el acceso universal al sistema educativo público de todos los niños y jóvenes desde los tres grados del preescolar hasta el grado once, 2) la canasta educativa para todos los estudiantes en el sistema educativo público, 3) los requerimientos necesarios para la implementación de la jornada única, 4) los déficits históricos vinculados al retraso en la renovación de la infraestructura educativa pública y 5) las relaciones técnicas alumno-docente y alumno-grupo. En este sentido, el Ministerio de Educación y Fecode acuerdan llevar conjuntamente a la discusión sobre la reforma la propuesta de que los recursos para educación aumenten progresivamente en un horizonte de 10 años posteriores a la entrada en implementación de la reforma.

Para tal efecto, se acuerda crear una comisión de alto nivel, que contará con la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación y Fecode, entre otros”. La población entendió que con la protesta se logran transformaciones: ¡Ahora a vigilar que santos sí cumpla!