Una larga historia de violencias y de reformas ha hecho que la Policía sea un híbrido y que tenga demasiada autonomía. Aunque hoy podría ser mayor la reticencia de los militares, es el momento de los remedios de fondo.

Una historia con problemas

La Policía Nacional ha sido protagonista de varios escándalos que desdicen de la imagen positiva que había logrado la institución y por supuesto contradicen el papel que corresponde a los cuerpos armados del Estado, más todavía cuando se vislumbra la firma de un acuerdo final  entre el gobierno y las FARC.

Para entender la situación actual es importante repasar algunos hitos en la evolución histórica de nuestra policía:

  • La Policía Nacional comenzó a profesionalizarse en 1940, con la apertura de la Escuela General Santander y la reglamentación de la carrera de oficiales, suboficiales y agentes.
  • En la revuelta popular del 9 de abril de 1948 (el Bogotazo) participó buena parte de aquella fuerza policial; pero después de “limpiarla” de liberales, el Partido Conservador en el gobierno la convirtió en su brazo armado.
  • En 1951, el gobierno  puso a la Policía bajo el mando de un oficial del Ejército, sin que dejara de depender del Ministerio de Gobierno. Tras el “golpe de opinión” del general Rojas Pinilla en 1953, la Policía fue trasladada al Ministerio de Guerra y pasó a ser la cuarta de las Fuerzas Armadas. Además, fue sometida al régimen de justicia penal militar. Se completó así su perfil militar, incluida una estructura jerárquica vertical.
  • En 1960, el primer gobierno del Frente Nacional nacionalizó la Policía, separándola de las Fuerzas Militares y dejándola bajo la tutela del ministro de Guerra, un general del Ejército en servicio activo (en 1965, el Ministerio de Guerra cambió su nombre por el de Defensa).
  • En 1966, tras formulase su primer estatuto orgánico, la Policía inició su actividad investigativa (Policía Judicial) y se orientó más hacia el control urbano.
  • En 1971 la Policía fue redefinida como un cuerpo armado de carácter permanente para la guarda del orden público interno.
  • Durante la década de los años 80, la Policía sufrió la violencia derivada de la expansión del narcotráfico. Al mismo tiempo, el Estado se convirtió en un factor más de la violencia atizada por las guerrillas entonces en expansión. Estas violencias reafirmaron la militarización de la Policía y de otro lado llevaron a la “policivización” de los militares.
  • En 1991, la Constitución definió la Policía como cuerpo civil armado que hace parte de la Fuerza Pública y el presidente nombró al primer ministro civil de Defensa en casi 40 años (la Policía entonces pasó a depender de un funcionario civil).
  • Tras el escándalo por violación de derechos humanos en una estación de policía de Bogotá, en 1993 se adoptó un nuevo estatuto para la institución.
  • En 1995 se reforzó la profesionalización con el denominado “nivel ejecutivo policial” y la definición de cuatro especialidades: Policía Urbana, Policía Rural, Policía Judicial y Cuerpo Administrativo.

El nudo gordiano

El entrecruce de funciones que resulta de los eventos anteriores no es fácil de corregir mientras persista el enfrentamiento bélico entre organizaciones delictivas y las instituciones armadas de un Estado débil.

La autonomía relativa de una Policía Nacional cuasi-militar, que depende de un ministro civil que administra las Fuerzas Militares, la convirtió en una rueda suelta. Esta situación ha impedido modificar su estructura vertical y ha hecho difícil la colaboración con autoridades civiles e instancias ciudadanas.

La institución sigue sujeta al mando interno jerarquizado y por tanto se resiste al intercambio de propuestas con otros organismos del Estado.

Es verdad que la reforma de 1993 creó el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana, integrado por el presidente de la República, algunos ministros, el comisionado nacional para la Policía, un gobernador y un alcalde. Pero en la práctica este organismo no ha llegado a funcionar porque la institución sigue sujeta al mando interno jerarquizado y por tanto se resiste al intercambio de propuestas con otros organismos del Estado. Además, el Sistema Nacional de Participación Ciudadana no funcionó como estaba previsto y acabó por diluirse.

Y para completar, el mecanismo de control interno (comisionado nacional para asuntos de Policía, Oficina de Auditoría Interna y Oficina de Diagnóstico y Autoevaluación) fue reformado entre 1995 y 2000 a instancias de la propia Policía. Concretamente, el desmonte de la Oficina del Comisionado, nuevos decretos y la desidia de los organismos que subsistieron vinieron a reafirmar la autonomía de la Policía.

Pablo Escobar está tendido muerto en un tejado. Un agente de la DEA y policías colombianos posan junto al cuerpo del Zar de la Cocaína

Policía blindada por los militares

En 2002 estalló un gran escándalo por corrupción que prendió las alarmas sobre aquella  autonomía.

Las recomendaciones de una Misión en 2004 se enfocaron sobre el control disciplinario. Esta Misión propuso crear una Consejería Especial para Asuntos de Policía en el Ministerio de Defensa y una Unidad Especial en la Fiscalía, reactivar el Consejo Nacional de Policía y  decretar la emergencia disciplinaria. Pero el gobierno Uribe ignoró tales recomendaciones y la Policía hizo tan solo algunos cambios cosméticos.

Los escándalos conocidos desde el año pasado han llevado a que el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Esta vez las decisiones deberían ser de fondo porque se trata de resolver los problemas derivados de la larga incoherencia institucional producto de las violencias en la historia de Colombia (en particular de las vinculadas a la política).

Pero ha surgido un factor adicional que obstruye las soluciones eventuales: en su deseo de inamovilidad institucional ante el “peligro” del posconflicto, los militares se sienten más cómodos al contar en su entorno con la Policía. Incluso han permitido que el general  Palomino, director de la Policía, se mezcle en las ceremonias entre los comandantes de las Fuerzas Militares según su antigüedad (algo antes impensable dado el desprecio por la Policía)

En conjunto, este entorno de militares y civiles armados ha alcanzado cerca de medio millón de efectivos, una cifra que solo es superada por Brasil en América Latina.

A finales de 2015, el presidente Santos logró inclinar los militares en favor de su política respecto de las FARC, superando de algún modo la actitud crítica de militares activos y en retiro que hace eco a las tesis del expresidente Uribe, tan popular entre las fuerzas armadas. Más todavía: el acuerdo de justicia diseñado por el gobierno para agentes del Estado vinculados con la delincuencia fue percibido favorablemente por los sectores castrenses. Bajo estas circunstancias no es de extrañar el aplauso que recibió el presidente durante la ceremonia de grados de la Escuela Militar en diciembre del año pasado.

Los anuncios de continuidad, que confirman el peso de la Fuerza Pública en el andamiaje burocrático estatal.

Ese cambio de actitud ha inducido a Santos –el pragmatismo– a moverse con sigilo para que no se altere el panorama. Y mantener  el statu quo de la Policía frente a sus escándalos es parte de tal sigilo. De aquí  la ratificación de Palomino (eje noticioso de algunos escándalos) en la Dirección General y los anuncios de continuidad, que confirman el peso de la Fuerza Pública en el andamiaje burocrático estatal.

Cambios necesarios

Cadetes de la Policía Nacional en 1951.
Foto: Wikimedia Commons

Se espera que una nueva comisión plantee sus recomendaciones en marzo, y hay sin duda  medidas que servirían para corregir por fin el desbalance institucional, así:

  1. Trasladar a la Policía Nacional al Ministerio del Interior (no a uno nuevo de seguridad ciudadana, como proponen algunos), ya que este es el Ministerio de la política.
  2. Fortalecer el Ministerio del Interior para que aumente la cooperación policial entre el nivelo central y los gobiernos regionales y locales. Al depender la Policía del ministerio de la política y ser los alcaldes los jefes de policía (según la Constitución) las tres instancias quedarían  articuladas. Vale aquí recordar que la descentralización administrativa de hace 25 años se hizo en medio de violencias mafiosas que propiciaban su ligazón con la política.
  3. Crear un Viceministerio de Policía para tomar decisiones institucionales directas.
  4. Separar las dependencias policiales de inteligencia (muchas veces manipuladas de manera delictiva), y ubicarlas en otra dependencia del mismo Ministerio.

Estos planteamientos son apenas un esbozo de eventuales medidas para evitar escándalos periódicos y distorsiones de la Policía Nacional, sin olvidar sus problemas consuetudinarios.

Convendría que el gobierno nacional aprovechara la finalización de los acuerdos de La Habana para empezar a corregir lo que han sido paños de agua tibia de gobiernos anteriores. Esta sería una manera de iniciar bien el “posconflicto”, que no es más que el principio de un largo y tortuoso camino hacia la paz, pero también es una puerta de oportunidades y esperanzas para un país que no ha cesado de lidiar con violencias.

Por: Francisco Leal Buitragora