La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de 7 corporaciones autónomas regionales por presuntas irregularidades administrativas, ambientales, contractuales y financieras.

“Yo creo que si el país es serio en la lucha contra la corrupción tiene que reformar las Corporaciones Autónomas Regionales”, dijo el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez.

El Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ordenó la apertura de indagación preliminar en la CAR Cundinamarca, Corporcesar – Cesar, CVC del Valle del Cauca, Corpamag – Magdalena, CRC – Cauca, Cortolima – Tolima y Carder de Risaralda.

El grupo también asumió la competencia de la indagación contra servidores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Carbonero en el municipio de San Antero, Córdoba.

En el caso de la CAR – Cundinamarca la Procuraduría General busca determinar la existencia de posibles irregularidades en la construcción de las plantas de tratamiento (PTAR) de los municipios de Facatativá, Madrid, Sesquilé y Apulo.

En Corpocesar se indaga por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la compra de predios de propiedad del resguardo Arhuaco.

En Corpamag – Magdalena la indagación tiene que ver con la presunta ocupación por parte de la corporación de bienes de uso público en Pozos Colorados -Santa Marta, y supuestas irregularidades financieras.

En la CVC el proceso tendría relación con eventuales fallas en la inversión de recursos.

En los casos de la Corporación Regional del Cauca (CRC) y Cortolima, la Procuraduría indaga presuntas inconsistencias en el cobro de la tasa retributiva y la prescripción de la acción de cobro por daño ambiental.

En Risaralda se indaga si funcionarios de Carden habrían incurrido en irregularidades en la construcción y estabilización de taludes y obras de control de cauce en varios sectores de Pereira y Dosquebradas.

El órgano de control decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los autores y su grado de responsabilidad.

Nota del editor: Las declaraciones del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, fueron dadas en la Casa de Nariño al finalizar la posesión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, cuando ya se había publicado este comunicado de prensa.