La malicia indígena ha evolucionado junto a las nuevas tecnologías. Esta madrugada un sinnúmero de usuarios vía Twitter manifestaron que habían sido victimas de robo por medio de la aplicación del banco Davivienda. Una de las afectadas fue Jessica de la Peña, periodista de Caracol Televisión.

 


Ante la masiva audiencia de Jessica, se pronunciaron más usuarios reportando el mismo hecho:

 

Ante las innumerables críticas Davivienda respondió vía Twitter a los afectados. A pesar de su voluntad, otros usuarios, que habían sido damnificados previamente, reclamaban el por qué no se les había resuelto a ellos y por qué no ofrecían la misma cobertura de solución que a la periodista de La Peña.

Superintendencia Financiera y su presunta complicidad en sobrecostos

La Superintendencia Financiera es la encargada de regular, sancionar y ejercer veeduría sobre el sector financiero. Recientemente aplicó una sanción de 500 millones de pesos sobre Bancolombia, quien aplicó sobre más de 1.700 usuarios un aumento del 7.41% en intereses sobre créditos de vivienda. La tasa máxima anual era del 12.54% y el cobro fue de 19,95%.

El pleito duró 16 meses, mientras que los usuarios, o súbditos más bien, tenían que arrodillarse ante la posición dominante que ejerce el banco sobre ellos, bancolombia mencionó que sí, que fue un error de sus sistemas quien produjo este masivo sobrecargo. No se confirmó si los usuarios fueron recompensados.

Este hecho levanta una sospecha, y es,  a dónde van los dineros de las sanciones. Resulta que la Super Financiera sanciona y el dinero no es devuelto al usuario, es emitido al Ministerio de Hacienda para presunta reinversión social.

A partir de esto podríamos pensar que, el banco en su diferente simetría jerárquica aplica sobrecargos cuando «su sistema presenta fallas», obtiene rubros enormes de forma ilegal, violando las tasas de usura establecidas, es sancionado por la Super Financiera después de 16 meses de haber violado la normatividad, y la sanción no representa una suma relevante a comparación de lo obtenido de formar irregular.

Además, no se precisa que los usuarios afectados tengan un beneficio o reintegro de los sobrecostos aplicados, ni con intereses de mora ni con el monto de más, lo que da a pensar que hay un presunto negociado entre el Ministerio de Hacienda y el sector financiero, basado en la omisión de los debidos cobros, y cuando el usuario se percata, demanda y exige su derecho, tiene una respuesta después de 496 días, con una sanción al banco, que básicamente, terminan pagando los mismos usuarios con las imposiciones en intereses. 

También se precisa que no hay seguimiento de estos rubros obtenidos por el Ministerio Hacienda a través de sanciones.