Cali sabía que sus suelos no eran iguales. Tenía mapas, estudios, normas y advertencias. Ahora la pregunta ya no es qué ocurrió bajo nuestros pies, sino qué hicimos —y qué vamos a hacer— con todo lo que ya sabíamos.
El 10 de agosto de 2026, Colombia recibió uno de los golpes sísmicos más fuertes de su historia reciente. El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros. Fue el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.
Pero mientras el país todavía intenta dimensionar sus pérdidas, Cali debería hacerse una pregunta mucho más incómoda que “¿por qué tembló e hizo tanto daño?”
¿Por qué en una misma ciudad el terremoto golpeó de manera tan diferente y qué hemos hecho durante décadas con el conocimiento que ya teníamos sobre nuestros suelos?
Porque aquí hay una verdad que necesitamos entender antes de reconstruir: un terremoto no golpea únicamente con la fuerza con que se origina; también golpea de acuerdo con el territorio que encuentra a su paso.
Y Cali no es una ciudad asentada sobre un suelo uniforme. Desde hace décadas existen estudios que reconocen diferencias importantes en la respuesta sísmica de sus suelos. El propio POT ha señalado la existencia de microzonas con comportamientos distintos frente a los sismos y ha identificado sectores aluviales con susceptibilidad a la licuación.
Más aún: Cali cuenta desde 2014 con una Microzonificación Sísmica oficialmente adoptada, que dividió la ciudad en seis microzonas de respuesta sísmica y estableció parámetros para el diseño estructural sismorresistente.
Es decir, el mapa estaba allí antes de que la tierra nos obligara a mirarlo.
Y esta afirmación cambia completamente la discusión.
El suelo tiene memoria
Cali ha crecido en desorden, muchas veces, como si el territorio pudiera olvidar. Pero el suelo no olvida. Un río puede ser canalizado, cubierto, desviado o desaparecer del mapa urbano. Un humedal puede convertirse en una urbanización. Un antiguo cauce puede quedar debajo del asfalto. Pero la historia geológica permanece debajo de nuestros pies.
El amplio material que he revisado recoge precisamente esta preocupación al explicar cómo antiguos recorridos de ríos como el Cañaveralejo y el Menga dejaron depósitos de arenas, limos y sedimentos que pueden influir en el comportamiento del terreno frente a las ondas sísmicas.
No es una metáfora solamente. Es geología. Y aquí aparece una palabra que deberíamos incorporar al lenguaje cotidiano de los caleños: licuación.
En términos sencillos, determinados suelos granulares saturados de agua pueden perder resistencia durante una fuerte vibración sísmica y comportarse temporalmente de manera semejante a un fluido. El Plan Local de Emergencias de Cali incorpora precisamente el potencial de licuación como uno de los parámetros para construir escenarios de amenaza sísmica.
La imagen que acompaña esta columna lo explica con sencillez: es como agitar un vaso con arena y agua. La vibración altera la estructura que normalmente permite que las partículas soporten cargas. Por eso no basta con preguntar cuánto marcó el sismógrafo.
Hay que preguntar qué tipo de suelo recibió esa energía, qué estructura estaba encima y bajo qué condiciones fue construida.
Una ciudad no puede darse el lujo de olvidar sus mapas
Aquí comienza la responsabilidad institucional. Cali y sus “magos en planeación”, no puede decir que no sabían.
En 2014, cuando se adoptó la microzonificación sísmica, la propia Administración explicó que el propósito era contar con una ciudad referenciada por sus características geológicas y utilizar esa información para reducir riesgos y mejorar la respuesta ante emergencias.
Y el POT fue todavía más explícito: estableció que, sobre la base de la Microzonificación Sísmica, debían adelantarse análisis de vulnerabilidad, modelación de escenarios de riesgo y estrategias de reducción y transferencia del riesgo. También dispuso la adopción del régimen de microzonificación y su articulación con la normativa sismorresistente.
Entonces la pregunta se vuelve inevitable: si los estudios existían, si los mapas existían, si las normas existían y si las advertencias existían, ¿qué hicieron realmente con todo ese conocimiento?
Esta pregunta no busca culpables. Busca responsabilidades.
Porque planear no consiste en producir documentos para archivarlos. Ni en convocar a un centenar de reuniones de socialización sin vincular la opinión de la gente y de los expertos. Tampoco es recibir firmas y tomar fotos de los eventos para justificar una participación convertida en cifras con el ánimo de validar el proceso. Planeación consiste en vincular y convertir conocimiento en decisiones efectivas.
Y ahí sí debemos hacerle un llamado serio a la institucionalidad caleña. No es momento de improvisar. No es momento de producir otro POT como ha sido costumbre con una colección de planos, artículos, excepciones y trámites realizados desde las oficinas de Planeación.
No es momento de acomodar el territorio a la presión inmobiliaria para después pedirle a la naturaleza que se comporte de acuerdo con nuestros intereses. Es momento de planear para la vida. De convocar a una participación de verdad, transformadora y constructiva.
La noticia de que la Alcaldía solicitó recientemente seis meses adicionales para incorporar evaluaciones geotécnicas y estudios de riesgo sísmico al nuevo POT, después del terremoto, debería ser recibida con responsabilidad y no con sospecha automática.
Pero también debería generar una exigencia ciudadana: si vamos a esperar seis meses más, que sean seis meses para estudiar de verdad, no seis meses para maquillar lo que ya estaba decidido.
Que el nuevo POT se rodee de los mejores e incorpore la mejor ciencia disponible. Porque ha sido hasta ahora con las duras cifras del terremoto: una masacre humana, social y urbanística que no refleja las necesidades ni los intereses de la comunidad vallecaucana, trayendo solo beneficios a los grandes terratenientes, grandes urbanizadores, constructoras, negocio automotor, grandes superficies y organismos ejecutores de los proyectos.
Que revise la vulnerabilidad de las edificaciones existentes. Que cruce la información de microzonificación con las licencias, usos del suelo, densidades y procesos de urbanización.
Que determine dónde se puede construir, cómo se puede construir y, algo todavía más importante, dónde no deberíamos seguir construyendo.
No todo lo que se puede construir debe construirse
Durante demasiado tiempo hemos confundido desarrollo urbano con ocupación del territorio. Una ciudad crece y celebramos cada nuevo edificio, cada nueva urbanización, cada nuevo proyecto inmobiliario. Pero una ciudad verdaderamente desarrollada no es la que consigue meter más personas y carros en más concreto dentro de sus límites. Es la que sabe dónde puede crecer sin poner en riesgo la vida.
Los documentos que revisamos recogen una reflexión especialmente importante: algunos países tienen modelos exitosos de gestión y han optado, después de tragedias, por no reconstruir exactamente sobre los mismos lugares vulnerables y por devolver determinados espacios a humedales, parques o corredores naturales.
Eso debería hacernos pensar. A veces reconstruir no significa volver a poner exactamente lo que había. A veces reconstruir significa tener el valor de decir esto no vuelve a levantarse en este sitio y punto.
Si un territorio demostró ser altamente vulnerable, no podemos convertir la reconstrucción en una simple operación de “volver a dejar todo como estaba”. Eso sería reconstruir el pasado. La tragedia nos exige construir el futuro.
Y aquí aparece la pregunta que nadie debería esquivar
¿Hemos tenido decisiones urbanísticas tomadas por encima de la evidencia técnica?
No puedo afirmar que determinados permisos hayan sido fraudulentos sin revisar cada expediente. Pero sí creo que la ciudad tiene derecho a exigir una auditoría técnica, urbanística y jurídica independiente de las decisiones que hayan permitido construir en estas zonas identificadas como vulnerables que hoy se encuentran derrumbadas o que van a ser demolidas.
¿Cuántos cambios de uso del suelo? ¿Cuántas licencias? ¿Cuántas modificaciones? ¿Cuántas excepciones? ¿Cuántas edificaciones anteriores a las normas sismorresistentes? ¿Cuántas recomendaciones técnicas terminaron convertidas en simples documentos que nadie volvió a consultar?
El material analizado nos recuerda que existen edificaciones construidas antes de que la normativa sismorresistente fuera obligatoria en 1984, lo que plantea un desafío adicional transparente, responsable y efectivo para la evaluación y eventual reforzamiento de estructuras existentes.
Eso merece una radiografía y un diagnóstico detallado y completo de la ciudad. No para perseguir fantasmas. Para saber dónde estamos parados.
No convirtamos el terremoto en una explicación religiosa que cierre la discusión
También debemos decir algo que quizá incomode. Frente a una tragedia de esta magnitud es legítimo que cada persona encuentre en su fe consuelo, sentido y esperanza. Pero una cosa es interpretar espiritualmente el dolor y otra muy diferente utilizar una explicación religiosa como la del mandatario colombiano para cerrar las preguntas que la ciencia, la ingeniería y la administración pública están obligadas a responder.
Decir de manera improvisada que una tragedia fue simplemente “obra de Dios” no puede convertirse en una licencia para dejar de estudiar sus causas, sus efectos y sus responsabilidades.
La fe puede ayudarnos a soportar la tragedia. La ciencia debe ayudarnos a comprenderla. Y la buena política pública debe ayudarnos a reducir la posibilidad de repetirla. No son caminos enemigos. Son responsabilidades complementarias.
La gran lección: el terremoto no puede convertirse en
otro olvido
Hoy estamos hablando de reconstrucción. El Gobierno Nacional ya puso en marcha el Fondo Milagro y ha planteado un proceso de recuperación por etapas, tomando como referencia la experiencia del FOREC de 1999.
Bienvenido todo esfuerzo que llegue a las víctimas de manera directa.
Pero reconstruir no puede significar simplemente levantar nuevamente las paredes que cayeron en donde se derrumbaron.
Tenemos que reconstruir el criterio con el que tomamos decisiones sobre el territorio.
Necesitamos ingeniería. Necesitamos geología. Necesitamos arquitectura. Necesitamos información. Necesitamos control. Necesitamos transparencia. Y, sobre todo, necesitamos una ciudadanía activada que participe.
Porque el nuevo POT no puede discutirse solamente entre oficinas, consultores, funcionarios, curadores, constructores y especialistas. La falta de una activa participación ciudadana incluyente no ha permitido construir el nuevo orden territorial con los aportes de la ciudadanía. Debe discutirse con una verdadera participación vinculante.
Con los barrios y sus lideres. Con las comunidades. Con las universidades. Con los ingenieros. Con los geólogos. Con los ambientalistas. Con quienes conocen el territorio porque llevan toda una vida caminándolo.
Y, especialmente, con quienes viven en las zonas que los mapas identifican como vulnerables. Y por qué no con expertos que viven en países en los que tiembla con frecuencia y se han preparados por décadas para entregar un buen balance.
Los dos mapas que acompañan la imagen de este artículo deberían dejar de ser imágenes técnicas que pocos miran. Deberían convertirse en instrumentos ciudadanos.
Que cada caleño a partir de ahora pueda preguntarse y pueda responder:
¿En qué microzona está mi casa? ¿Qué características tiene el suelo sobre el que vivo? ¿Mi edificio fue construido bajo qué norma? ¿Qué nivel de vulnerabilidad tiene? ¿Qué debería hacer mi familia si vuelve a ocurrir un sismo? Eso también es planeación.
LA RECONSTRUCCIÓN NO PUEDE SER UN BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Cali tiene ahora una oportunidad histórica. Puede reconstruir edificios. O puede reconstruir ciudad. Puede gastar miles de millones en volver a levantar lo que se cayó. O puede invertir una parte de esos recursos en hacer de Cali una ciudad verdaderamente inteligente y resiliente.
Puede continuar enterrando su memoria. O puede volver a escucharla. Porque el suelo no olvida. Los antiguos cauces no desaparecen porque los borremos de un plano. Los sedimentos no leen decretos ni resoluciones improvisadas. Las ondas sísmicas no conocen partidos políticos. La naturaleza no negocia con alcaldes, concejales, urbanizadores ni propietarios. Pero nosotros sí podemos decidir cómo respondemos a ella. Y esa es la verdadera responsabilidad que comienza después del terremoto.
LA PREGUNTA QUE CALI DEBE RESPONDER
Dentro de algunos meses, cuando desaparezcan los escombros, se vayan las cámaras, y la ciudad comience a recuperar su rutina, tendremos la tentación de pensar que la emergencia terminó. Pues no habrá terminado.
La verdadera emergencia comenzará si volvemos a construir exactamente como antes.
Por eso esta no debería ser solamente una reconstrucción física. Debe ser una reconstrucción de nuestra manera de legislar y entender la ciudad. Debemos pasar de una planeación que muchas veces reacciona a una planeación que anticipa. De una ciudad que ocupa el territorio a una ciudad que lo comprende. De una administración que produce documentos a una institucionalidad que toma decisiones con base en ellos. De un POT pensado para el próximo periodo de gobierno a un POT pensado para las próximas generaciones.
Y aquí está mi llamado a Planeación Municipal, al Concejo, a la Alcaldía, a los constructores,
a los organismos de control y a toda la ciudadanía:
No vuelvan a improvisar con Cali ni a ser abusivos con los Caleños.
No vuelvan a construir contra la memoria del territorio.
No permitan que el mercado inmobiliario tenga más fuerza que la evidencia científica.
No conviertan el nuevo POT en otro negocio y en otra oportunidad perdida.
Un POT no puede ser la hoja de ruta para el próximo negocio inmobiliario y demás beneficiados. Debe ser la hoja de ruta para la próxima generación. Y quizás la mayor lección de este terremoto 7.4 sea precisamente esta:
La tierra no nos está pidiendo que dejemos de construir. Nos está exigiendo que aprendamos dónde, cómo y para quién debemos hacerlo. Cali no puede impedir que vuelva a temblar. Pero sí puede decidir qué tan vulnerable estará cuando vuelva a ocurrir. Porque la tierra no olvida. Cali, sus gobernantes y ciudadanos, tampoco deberían hacerlo.