Mientras el gobierno guarda silencio, Colombia entra en remate y un impuesto predial impagable empuja a miles al borde del despojo.
Hace unos años, miles de casas y apartamentos en Cali amanecieron con un cartel que propuse y decía: “VENDO MI CASA PARA PAGAR PREDIAL Y SERVICIOS”. No era una exageración: era una radiografía social.
Hoy ese cartel, ese grito ciudadano debe volver, porque el país vive un nuevo tsunami tributario que amenaza la estabilidad de millones de familias urbanas y rurales. No hablamos de aumentos pequeños. A muchos se les duplicó, triplicó e incluso se multiplicó por diez como si sus casas fueran centros comerciales o si sus parcelas rurales tuvieran la productividad de una finca exportadora.
La gente no sabe si pagar, comer, estudiar o endeudarse. Y mientras tanto, el Estado mira hacia otro lado. La actualización catastral, que debía ser un ejercicio técnico y participativo, se convirtió en una carrera para aumentar el recaudo fiscal.
La realidad es otra: avalúos calculados con criterios comerciales irreales, operadores particulares sin experiencia que “actualizan” desde un escritorio, zonas homogéneas que parecen dibujadas por alguien que jamás ha pisado esos barrios, predios humildes tratados como si fueran locales de lujo y familias que pagaban $500 mil ahora pagando $5 millones de impuesto predial. Una locura.
¿Eso es justicia tributaria? No: eso es abuso fiscal y mientras la ciudadanía se desespera, la Administración guarda silencio. Silencio ante reclamos como este. Silencio ante los errores. Silencio ante las familias que ya no pueden pagar. Silencio ante los campesinos que están a punto de perder lo único que tienen: la tierra.
La pregunta es simple: ¿Cómo se puede exigir un predial impagable en una economía que no sube al mismo ritmo? La gente siente que Colombia está siendo puesta en remate a punta de avalúos catastrales inflados.
El tema dejó de ser una queja de redes. Una carta enviada a la Comisión Quinta de la Cámara por el representante Jorge Rodrigo Tobar Vélez llamó la atención sobre: deficiencias técnicas en los productos catastrales, insuficiente supervisión del IGAC. posibles irregularidades en la contratación, riesgos de inequidad tributaria, afectación directa al recaudo municipal y a la economía familiar.
Si un congresista levantó la mano, ¿qué espera la Administración para actuar? La actualización catastral “multipropósito” se volvió propósito para el despojo.
En zonas rurales, familias que vivían de su parcela hoy están quebradas. Y en las ciudades, los adultos mayores, que ya pagaron su casa durante décadas, sienten que los expulsan de manera silenciosa del barrio que construyeron a través de este impagable impuesto predial.
Hace pocos años, Cali implementó un papayazo tributario total: exoneración de intereses, reducción de capital y alivio para miles de familias. Fue una decisión inteligente, humana y socialmente necesaria. Hoy necesitamos uno, pero más grande y sin excusas, más justo y que traiga alivio, porque la situación actual es mucho más grave. La Administración no puede seguir actuando como si no pasara nada. La gente está a punto de perderlo todo.
Este no es solo un clamor: es una convocatoria a quienes padecen por este asunto.
- Ponga el cartel en su ventana: “VENDO MI CASA PARA PAGAR PREDIAL”.
- Grabe un video de 30 segundos contando lo que subió su predial.
- Suba su testimonio a redes con el hashtag: #PredialMeExpulsa
- Exijan toda la revisión inmediata del avalúo.
- Apoye la iniciativa ciudadana que ya se radicó en el Senado para frenar abusos.
Un catastro mal hecho puede destruir más hogares que una crisis económica. Y un predial impagable puede expulsar a más familias que un conflicto armado silencioso. Colombia no está “modernizando” su catastro. Está desangrando a su gente. Y la pregunta final es tan simple como dolorosa: ¿Queremos un país donde solo pueda vivir quien tenga cómo pagar este abuso fiscal?
La Administración tiene la palabra. La ciudadanía tiene la fuerza sin paciencia. Y esa tierra donde hemos vivido toda una vida, esa casa o apartamento en donde esta nuestra historia merece algo mejor que un avalúo que lo condene al despojo. ¡Esto puede ser el detonante de un movimiento nacional y una factura de cobro en las urnas!
